En las últimas tres décadas, los tribunales federales de Estados Unidos se han convertido en uno de los escenarios más importantes para exigir cuentas a la República Islámica. Las víctimas del terrorismo, la toma de rehenes y la tortura del gobierno han logrado obtener en estos tribunales sentencias de indemnización y cobrar parte de ellas con cargo a los activos incautados de la República Islámica. Pero, según la valoración de los analistas de DIAR, un nuevo caso en Washington muestra que este mecanismo justo puede, sin transparencia, convertirse en una vía para aprovecharse de los bienes de la nación iraní.
El mecanismo de indemnización a cargo de la República Islámica
En 1996, al reformar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (Foreign Sovereign Immunities Act), el Congreso de Estados Unidos abrió la puerta a que las víctimas estadounidenses del terrorismo demandaran a los gobiernos incluidos en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; la República Islámica es uno de los primeros y principales de ellos. Las reformas posteriores facilitaron la ejecución de estas sentencias, y también se creó el Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por Estados para pagar parte de estas indemnizaciones.
La República Islámica casi nunca comparece ante estos tribunales y no paga las sentencias. Por ello, el dinero de las indemnizaciones procede en la práctica de activos incautados y multas por sanciones; es decir, de una riqueza que en esencia pertenece al pueblo de Irán y que la República Islámica ha tomado como rehén.
Este mecanismo ha servido a la justicia en muchos casos. Afsaneh Azadeh, una presa política que fue torturada durante meses en las cárceles de la República Islámica, acudió a los tribunales con su propio nombre y en 2018 obtuvo una sentencia de más de 36 millones de dólares contra la República Islámica. Las familias de militares estadounidenses muertos en ataques de los grupos afines al gobierno también han obtenido sentencias multimillonarias. Este tipo de casos, con nombres claros, reclamaciones documentadas y procesos públicos, dejan constancia de los crímenes de la República Islámica.
Un caso con demandantes anónimas
El nuevo caso es de otra naturaleza. Según la valoración de los analistas de DIAR, sus demandantes son una madre y una hija que emigraron a Estados Unidos en 2020, obtuvieron la ciudadanía en 2025 y este año acudieron a los tribunales para reclamar a la República Islámica una indemnización de varios cientos de millones de dólares. Las alegaciones planteadas en este caso, tal como las describen sus críticos, se remontan a un altercado físico en la calle y al miedo que la hija sintió de niña a que le hicieran fotos.
James E. Boasberg, juez del tribunal federal de Washington, ha aceptado la petición de ambas de continuar el caso con seudónimos, una decisión que el siguiente juez del caso puede revisar. Todas las partes deben utilizar en los documentos del caso únicamente los seudónimos que figuran en la demanda.
El uso de un seudónimo ante los tribunales es un derecho reconocido para las víctimas cuya vida, o la de sus familias, corre peligro en Irán. Pero en la práctica esa misma herramienta elimina cualquier posibilidad de escrutinio público: ni los medios pueden examinar las alegaciones, ni las verdaderas víctimas de la represión pueden ver quién cobra indemnizaciones en su nombre, ni los iraníes saben qué parte de los bienes de su país se paga y a quién.
Por qué este asunto importa a los iraníes
Los activos congelados de la República Islámica formarán parte, el día después de la liberación de Irán, del capital para la reconstrucción del país. Cada dólar que hoy se pague sin transparencia a un caso con alegaciones no verificadas se resta de la parte de una nación que ha sido, más que nadie, víctima de este mismo gobierno. Según la valoración de los analistas de DIAR, las figuras que durante años ocuparon un lugar en la estructura de la República Islámica o junto a su corriente reformista deben ahora, antes que nadie, rendir cuentas de cómo llegaron a la condición de «víctima».
Otro peligro es el descrédito del propio mecanismo. Si se multiplican los casos endebles y anónimos, los tribunales y la opinión pública de Estados Unidos desconfiarán de todas las demandas contra la República Islámica, y eso acabará perjudicando a las verdaderas víctimas, desde las familias de los muertos en el levantamiento de Dey (enero de 2026) hasta los presos políticos torturados.
Este debate forma parte de la misma pregunta más amplia que DIAR planteó anteriormente sobre la transparencia en las filas de los opositores a la República Islámica: la oposición nacional solo puede conservar la confianza del pueblo, frente a un gobierno construido sobre el secretismo, mediante la transparencia.
Conclusión
Exigir cuentas a la República Islámica en los tribunales del mundo es imprescindible y debe continuar. Pero el pago de indemnizaciones con los bienes de la nación iraní debe ir acompañado de la mayor transparencia posible: reclamaciones documentadas, procesos públicos en la medida en que lo permita la seguridad de las víctimas y una auditoría clara de a quién y para qué llega este dinero. Los bienes de los iraníes no deben repartirse en silencio entre los demandantes antes de la liberación de Irán.
La indemnización a cargo de la República Islámica es un derecho de las víctimas, pero los activos congelados de la nación iraní no deben pagarse sin transparencia a casos anónimos.
Comentarios
Aún no hay comentarios. Sé el primero.