Un nuevo caso en el tribunal federal de Washington ha vuelto a plantear una pregunta que DIAR ya formuló en su análisis de las demandas anónimas contra la República Islámica: quiénes, con qué reclamaciones y con qué transparencia, cobran indemnizaciones de unos bienes que, en última instancia, pertenecen a la nación iraní. Esta vez las demandantes son una madre y su hija, que han comparecido ambas ante el tribunal con seudónimo.
El caso «Doe» en el tribunal de Washington
Según la resolución del 8 de agosto de 2026 de James Boasberg, juez presidente del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, en el caso n.º 26-2507, la demandante principal es una periodista que comenzó su carrera en un periódico reformista en Irán y que, tras el Movimiento Verde de 2009, fue sometida a vigilancia e interrogatorios. En 2020 se trasladó a Estados Unidos y en 2025 obtuvo la ciudadanía estadounidense. Su hija pequeña es la segunda demandante del caso.
La demandante afirma que fue atacada tres veces: le tiraron del pelo, le dieron patadas en la espalda y en uno de los ataques le rompieron la nariz, por lo que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva. Dice que su hermano fue detenido y maltratado en Irán y que su hija fue seguida y fotografiada, motivo por el cual la trasladó de una escuela pública a una escuela privada con medidas de seguridad. Los demandados son la República Islámica, la Guardia Revolucionaria (CGRI) y el Ministerio de Inteligencia, y las demandantes reclaman daños compensatorios y económicos en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de EE. UU. El tribunal aceptó la solicitud de usar seudónimos, y los nombres reales y la dirección de las demandantes solo se ponen a disposición del juez bajo sello.
Secretismo en casos que apuntan al dinero público
La preocupación por la seguridad de las víctimas reales de la represión transnacional de la República Islámica es seria, y DIAR ha documentado esta represión en numerosas ocasiones. Pero el problema de estos casos no es solo la seguridad del demandante. Cuando el nombre del demandante, los detalles de la reclamación y partes de los documentos quedan ocultos a la vista del público, y la República Islámica tampoco comparece ante el tribunal para impugnar las acusaciones, casi nadie aparte del demandante y su abogado pone a prueba el relato. Las sentencias en rebeldía son habituales en este tipo de casos, y las indemnizaciones se pagan con fondos que proceden en parte de bienes incautados vinculados a Irán.
Según la valoración de los analistas de DIAR, en varios de estos casos aparecen figuras surgidas del seno de la corriente reformista o de los márgenes del Movimiento Verde; una corriente que durante años tuvo su cuota en la estructura de la República Islámica y que hoy, en el extranjero, se presenta como víctima de esa misma estructura. En cambio, la proporción de partidarios del príncipe Reza Pahlavi en estas demandas es muy pequeña.
De Argel a hoy
Las raíces de esta historia se remontan a los Acuerdos de Argel de enero de 1981, el acuerdo que puso fin a la toma de rehenes de 444 días del personal de la embajada de EE. UU. y en el que la delegación de la República Islámica negoció bajo la dirección de Behzad Nabavi. Gran parte de los bienes de Irán se destinó en ese acuerdo a deudas, garantías y al mecanismo de arbitraje de La Haya, lo que abrió el camino a décadas de litigios. El precio de la toma de rehenes lo pagó la nación iraní, no quienes la llevaron a cabo.
La experiencia de otros países muestra que estos casos no se cierran con la caída de un régimen. Tras el derrocamiento de Omar al Bashir, Sudán tuvo que pagar 335 millones de dólares a las víctimas de los atentados de 1998 contra las embajadas de EE. UU. en Nairobi y Dar es Salaam para salir de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; el gobierno de transición de Abdalla Hamdok pagó ese precio aunque no había tenido ningún papel en aquel crimen.
Consecuencias para el Irán del futuro
Cada sentencia de indemnización que se dicta hoy será mañana una deuda del Irán libre. El gobierno que llegue al poder después de la República Islámica tendrá que hacer frente a un cúmulo de estas sentencias para volver al sistema financiero mundial, a las exportaciones de petróleo y al libre comercio. Por eso la transparencia de estos casos es una cuestión nacional, no un pleito personal.
Las verdaderas víctimas de la República Islámica, desde las familias de los caídos (javidnaman) del levantamiento de Dey hasta los presos políticos y los niños que han perdido a sus padres, están dentro de Irán, y ningún tribunal les ha fijado indemnización alguna. Los bienes de la nación iraní deben preservarse para reparar precisamente esos daños y reconstruir el país. Según la valoración de DIAR, el paso mínimo es la plena transparencia sobre los demandantes, las cantidades y el origen de los pagos en todo caso que toque los bienes de Irán.
Cada sentencia de indemnización que se dicta hoy a puerta cerrada será mañana una deuda del Irán libre.
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