En un escrito de acusación fechado el 15 de octubre de 2026 y hecho público el viernes 23 de octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España atribuyó el disparo contra Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo, a una operación encubierta de los servicios de inteligencia de la República Islámica contra sus opositores en el extranjero. Es la primera vez que la Fiscalía española vincula directamente el atentado de Madrid con la República Islámica en un documento judicial oficial.
Vicente González Mota, fiscal del caso, pide 27 años de prisión para Mehrez Ayari, el presunto autor de los disparos, por los delitos de «asesinato terrorista en grado de tentativa» y «pertenencia a organización criminal». También se solicitan penas de varios años de cárcel para su principal cómplice en la huida y para otros acusados que participaron en la vigilancia y en la obtención de una motocicleta, un coche y teléfonos. Sami Bekkal, a quien la Fiscalía considera el coordinador de la operación, sigue huido, y los investigadores creen que podría encontrarse en Irán.
Un atentado a plena luz del día en Madrid
Alejo Vidal-Quadras, uno de los fundadores de Vox, recibió un disparo en la cara a corta distancia en la calle Núñez de Balboa de Madrid el 9 de noviembre de 2023. La bala le alcanzó la mandíbula y sobrevivió tras ser operado. El tirador huyó en una motocicleta conducida por su cómplice y fue detenido meses después en los Países Bajos y entregado a España.
Según la Fiscalía, el objetivo del atentado era castigar la actividad política de Vidal-Quadras contra el gobierno de Teherán y enviar un mensaje a los partidarios de los movimientos opositores. En octubre de 2022, en respuesta a las sanciones europeas tras la muerte de Mahsa Amini, el Ministerio de Exteriores de la República Islámica había incluido su nombre en su propia lista de sanciones y lo había acusado de «apoyar el terrorismo». Vidal-Quadras ha sido durante años un destacado defensor en Europa del Consejo Nacional de Resistencia, el brazo político de la Organización de los Muyahidines del Pueblo (MEK).
Un patrón de represión transnacional
El caso de Madrid se suma a otros abiertos en los últimos años por tribunales europeos sobre planes de la República Islámica para asesinar o secuestrar a opositores y periodistas en suelo europeo. En muchos de ellos, tal como describe también la Fiscalía española, la ejecución se encargó a redes criminales contratadas para ocultar el rastro directo del aparato de inteligencia.
Los acusados gozan de la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme, y aún no se ha anunciado la fecha del juicio.
La Fiscalía española considera oficialmente que el disparo contra un político europeo en Madrid fue obra de los servicios de inteligencia de la República Islámica.
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