El Parlamento de la República Islámica aprobó el domingo 25 de octubre de 2026 un artículo según el cual la pena de todos los delitos discrecionales (ta'zir) cometidos bajo el «apoyo, supervisión, dirección, formación o guía» de un «agente extranjero» se agrava en un grado. El artículo forma parte de un proyecto que los diputados llaman de «lucha contra la infiltración» de servicios de inteligencia y gobiernos extranjeros, y que los críticos consideran la herramienta legal más amplia para reprimir el diálogo y la actividad cívica desde el levantamiento de Dey.
Las penas discrecionales del Código Penal Islámico tienen ocho grados, siendo el primero el más severo; agravarlas en un grado significa que cualquier acusación que el aparato de seguridad pueda vincular a un «agente extranjero» pasa a la siguiente franja de pena, más dura. El texto completo del artículo aprobado aún no se ha publicado.
La criminalización del diálogo con los medios libres
El 6 de octubre, el Parlamento ya había aprobado el artículo 22 del mismo proyecto con 174 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Ese artículo tipifica como delito que los iraníes hablen o colaboren con medios a los que el Ministerio de Inteligencia etiqueta como «hostiles», y prevé de más de seis meses a dos años de prisión, multas, de 31 a 74 latigazos y la privación de derechos sociales; los cargos del régimen están exentos de la prohibición. El artículo 20 también castiga entregar a un «agente extranjero» información, informes o estadísticas oficiales no publicados.
El proyecto clasifica a los gobiernos extranjeros en dos niveles: los declarados «hostiles» por ley o por decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y aquellos que, según el texto, han planeado o actuado para dañar los intereses políticos, de defensa, de seguridad, económicos o culturales de Irán. La lista la elaboran el Ministerio de Inteligencia y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, y la aprueba el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
La oposición del Gobierno y el camino de la aprobación
Las líneas generales del proyecto se aprobaron el 16 de agosto con 183 votos a favor, y el Gobierno de Masud Pezeshkian se opuso formalmente el 22 de agosto, al afirmar que el texto tiene «graves deficiencias». El vicepresidente primero, Mohammad Reza Aref, advirtió de sus consecuencias para la ciencia y la tecnología, y Mayid Ansari, vicepresidente para asuntos jurídicos, dijo que sus definiciones delictivas amplias y vagas dañan los derechos de los ciudadanos.
El proyecto aún no es ley: continúa el examen de sus demás artículos, después pasará al Consejo de Guardianes y, en caso de desacuerdo, el Consejo de Discernimiento tomará la decisión final. La República Islámica ha ejecutado en los últimos meses a decenas de personas acusadas de espionaje; un exjefe del Mosad dijo recientemente que algunos de los ejecutados no tenían ninguna relación con esa agencia, una muestra de hasta qué punto la etiqueta de «cooperación con extranjeros» se usa para reprimir.
Con penas más duras por «cooperar con un agente extranjero», cualquier conversación con medios libres o cualquier actividad cívica puede acabar en una condena más severa.
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