Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de la República Islámica, declaró en una carta a Masud Pezeshkian que parte del reglamento del Gobierno sobre la aplicación de restricciones financieras relacionadas con el terrorismo es contraria a la ley. Según Ghalibaf, la decisión sobre quién es considerado «terrorista» debe quedar exclusivamente en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el Gobierno no puede delegar esa facultad en sus propios grupos de trabajo.
El Consejo de Ministros había aprobado un reglamento que creaba un grupo de trabajo nacional para examinar los casos que conducen a la inclusión en listas y la congelación de bienes de personas, grupos y organizaciones. Tras las primeras objeciones, el Gobierno modificó el texto para que el grupo de trabajo actuara con la aprobación y bajo la dirección del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero Ghalibaf afirma que el texto modificado sigue dejando parte de las decisiones en manos del grupo. Según el mecanismo de revisión de las normas del Gobierno, si la parte en disputa no se corrige dentro del plazo legal, pierde su validez.
El expediente del GAFI y la lista negra
Esta pugna forma parte del intento de la República Islámica de responder a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que mantiene a la República Islámica en su lista de países de alto riesgo desde 2020. Según el GAFI, Teherán no ha aplicado la mayor parte del plan de acción que aceptó en 2016, y una de las exigencias pendientes es un mecanismo eficaz para identificar y congelar activos terroristas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
En 2025, la República Islámica completó su adhesión a la Convención de Palermo y al Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo (CFT) con amplias reservas, y declaró al mismo tiempo que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional determina quién es terrorista. En junio, el GAFI calificó esas reservas de «excesivamente amplias» y afirmó que la aplicación interna todavía no se ajusta a sus normas.
Un régimen, dos relatos
La carta de Ghalibaf muestra que ni siquiera un reglamento que el Gobierno redactó en coordinación con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional resulta aceptable para los sectores más duros del régimen, los mismos que temen que la definición internacional de terrorismo llegue a abarcar algún día a la Guardia Revolucionaria y a los grupos aliados de la República Islámica. La disputa se suma a las abiertas fracturas entre el Gobierno de Pezeshkian y la Guardia Revolucionaria y se produce cuando las nuevas sanciones de Estados Unidos han aislado más que nunca la red financiera de la República Islámica.
El presidente del Parlamento de la República Islámica sostiene que la facultad de designar «terroristas» corresponde solo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, no al Gobierno.
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