En un nuevo comunicado publicado el martes 13 de octubre de 2026, Amnistía Internacional condenó la ejecución de cinco manifestantes del levantamiento de enero en el plazo de una semana y afirmó que la República Islámica ha convertido la pena de muerte en un arma para intimidar a la sociedad y encarecer la protesta. La organización instó a los países del mundo a frenar nuevas ejecuciones mediante una presión diplomática coordinada.
Según Amnistía Internacional, Ali Hemmati Sistanian y Majid Nikandish fueron ejecutados el 30 de septiembre en Mashhad, Siavash Jamshidi Khairabadi el 3 de octubre en Shahrekord, y Alireza Raisi y Alireza Sepahi el 5 de octubre en Isfahán. Siavash Jamshidi Khairabadi fue ejecutado acusado de «moharebeh» («hacer la guerra a Dios») por un presunto disparo durante las protestas, mientras que Alireza Raisi y Alireza Sepahi figuraban entre los acusados del caso colectivo de la «plaza Alikhani» de Isfahán, relacionado con los hechos del 8 de enero.
Juicio en el Tribunal Revolucionario y confesiones forzadas
Amnistía Internacional dijo que estos casos siguieron un patrón idéntico: a los acusados se les negó el acceso a un abogado durante los interrogatorios, sus denuncias de tortura nunca se investigaron y las confesiones forzadas emitidas por la televisión estatal se utilizaron como prueba en el Tribunal Revolucionario. Según la organización, Alireza Sepahi había denunciado largos periodos de aislamiento, palizas y descargas eléctricas. Su abogado, Amirsalar Davoudi, fue detenido tras criticar el proceso judicial; la justicia de Isfahán había citado la difusión del audio de la boda de Alireza Sepahi entre los motivos de la detención.
Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, calificó estas ejecuciones de recordatorio espeluznante de cómo los responsables de la República Islámica utilizan la ejecución como arma. Según la organización, al menos 34 personas han sido ejecutadas hasta ahora en casos relacionados con el levantamiento de enero, y muchas otras corren peligro de ejecución por motivos políticos. Amnistía Internacional pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.
Continúa la oleada de ejecuciones
El mismo día, Iran Human Rights informó de la ejecución de otros tres presos: Mehdi Ranjbaran, condenado a qisas (retribución) por «homicidio intencionado», fue ejecutado en la prisión central de Semnán, y Masoud Khodayari y Behnam Mozaffarzadeh, en casos distintos y acusados de delitos relacionados con drogas, en la prisión de Rasht. HRANA había anunciado antes que la República Islámica ha ejecutado al menos a 2003 personas en el último año, la cifra más alta en una década.
Amnistía Internacional: al menos 34 manifestantes del levantamiento de enero han sido ejecutados hasta ahora y otros corren peligro.
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