Líbano acusa a 13 miembros de Hezbolá por un camión de explosivos

Claude Ghanem, comisario del Gobierno ante el tribunal militar del Líbano, ha presentado cargos contra 13 miembros de Hezbolá, el grupo afín de la República Islámica, en el caso del camión cargado de explosivos. El vehículo fue interceptado el 5 de octubre en el puesto de control de Dahr al Baidar, el puerto de montaña que une el valle de la Bekaa con Beirut. Transportaba más de media tonelada de explosivos y se dirigía a Beirut.

Los 13 están acusados de atentar contra la seguridad interior del país, violar la ley y las decisiones del Gobierno, poseer armas y explosivos y formar un grupo ilegal para socavar la autoridad del Estado. La ley libanesa castiga estos delitos con hasta diez años de prisión con trabajos forzados. El escrito de acusación recoge los nombres reales de ocho de los acusados, entre ellos Haitham Amhaz y Ali al Kurdi, que iban en el camión con Mohammad Zeaiter; Mohammad Hazimeh, propietario del camión, y dos hombres conocidos con los alias «Hajj Sajed» y «Hajj Zulfiqar». Los otros cinco acusados solo están identificados por sus alias.

Cómo avanza el caso de los explosivos de Hezbolá

La acusación todavía no se ha traducido en citaciones ni órdenes de detención, y la mayoría de los acusados están en libertad; hasta ahora solo dos seguían detenidos. El fiscal general del Líbano, Ahmad Rami al Hajj, y Claude Ghanem han supervisado la investigación. El ministro de Justicia libanés ha pedido que el caso se remita al Consejo Judicial Supremo, un tribunal especial para delitos contra la seguridad del Estado cuyas sentencias no admiten recurso. Tras la incautación del camión, el primer ministro del Líbano prometió una investigación completa.

Hezbolá no se ha pronunciado sobre la acusación. El partido Fuerzas Libanesas, con 19 escaños en el Parlamento, afirmó que enviar semejante cantidad de explosivos a Beirut, y no al frente sur, revela planes para asesinar a opositores en la capital.

Hezbolá y la República Islámica

Hezbolá fue creado en 1982 por la Guardia Revolucionaria (IRGC) y sigue funcionando con dinero y armas de la República Islámica. El grupo se ha negado a desarmarse y la República Islámica ha respaldado esa postura. En los últimos meses, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a redes que vinculan a Hezbolá con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Este caso es el ejemplo más reciente de la presión de los países de la región sobre las redes afines a Teherán; hace unos días, un tribunal de Kuwait condenó a un ciudadano iraní por espiar para la República Islámica y Hezbolá.

La justicia libanesa acusó a 13 miembros de Hezbolá de atentar contra la seguridad del país y de poseer explosivos.