La condena a muerte de Omid Goodarzvand Chegini, vecino de Qazvín de 37 años detenido durante el levantamiento de enero de 2026, ha sido confirmada en apelación. Según la organización de derechos humanos Hengaw, cuyo informe publicó la Voz de América el martes 6 de octubre de 2026, la sentencia quedó firme a mediados de septiembre de 2026.
Goodarzvand Chegini, antiguo miembro de la policía, fue detenido el jueves 8 de enero de 2026 durante las protestas. La Sala Segunda del Tribunal Revolucionario de Qazvín lo condenó a muerte hace varios meses por el cargo de «destrucción de la entrada de la gobernación de Qazvín». Actualmente permanece en la prisión de Chubindar, en Qazvín.
El cargo de destrucción y la condena a muerte
Según Hengaw, el cargo que llevó a la condena a muerte de este manifestante es haber dañado la puerta de entrada de un edificio gubernamental. La organización afirma que durante todo el proceso se le negó el acceso a un abogado de su elección.
Según Hengaw, el preso pasó unos 40 días en régimen de aislamiento y fue sometido a graves torturas durante los interrogatorios. Las autoridades judiciales de la República Islámica no se han pronunciado públicamente sobre el caso.
La condena a muerte de Omid Goodarzvand Chegini por destruir la entrada de la gobernación de Qazvín ha sido confirmada en apelación.
Una ola de condenas a muerte contra detenidos del levantamiento de enero
La confirmación de esta sentencia se produce mientras el poder judicial de la República Islámica ha dictado en los últimos días nuevas condenas a muerte contra detenidos del levantamiento de enero. El 6 de octubre también se informó de que Borzou Rezaei, detenido del levantamiento de enero originario de Kermanshah, había sido condenado a muerte.
Al amanecer del lunes 5 de octubre, la República Islámica ejecutó a Alireza Sepahi y Alireza Raisi, dos manifestantes del caso de la «plaza Alikhani» de Isfahán. Según Iran Human Rights, el número de ejecuciones registradas en los nueve primeros meses de 2026 asciende a 604, entre ellas las de 33 manifestantes.
Las organizaciones de derechos humanos advierten de que el riesgo de ejecución es grave para los presos cuyas condenas son firmes, y de que algunas sentencias ya se han ejecutado anteriormente sin conocimiento de las familias ni de los abogados.
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