El Parlamento de la República Islámica tipificó como delito el martes 6 de octubre de 2026 las conversaciones de los ciudadanos iraníes con medios independientes en persa, al aprobar el artículo 22 de un proyecto que denomina «lucha contra la infiltración de los servicios de inteligencia y de gobiernos o entidades extranjeros». Según Radio Farda, a partir de ahora todo ciudadano que conceda una entrevista a un medio al que el Ministerio de Inteligencia de la República Islámica haya puesto la etiqueta de «hostil» se enfrentará a cárcel, latigazos, multa y privación de derechos sociales.
Según este artículo, la decisión sobre qué medios quedan sujetos a la prohibición se deja exclusivamente en manos del Ministerio de Inteligencia, un organismo de seguridad. La prohibición abarca también a los medios que, según los legisladores, sean propiedad de gobiernos extranjeros, estén gestionados por ellos o reciban financiación de ellos. Mientras tanto, los propios funcionarios de la República Islámica han quedado exentos de la prohibición; es decir, los mismos medios con los que hablar es delito para los ciudadanos siguen siendo una tribuna para los funcionarios del régimen.
Castigo: hasta dos años de cárcel y 74 latigazos
Según Radio Farda, la pena por este «delito» es de sexto grado según el artículo 19 del Código Penal Islámico: de más de seis meses a dos años de cárcel, de 31 a 74 latigazos, una multa de 200 a 800 millones de riales y de más de seis meses a cinco años de privación de derechos sociales.
IranWire informó también de que los diputados, además de a los medios, han prohibido hablar con lo que denominan «personas-medio hostiles»; una expresión que podría dirigirse también contra periodistas independientes, activistas y figuras de las redes sociales.
Censura tras el levantamiento de enero
En la misma sesión, el Parlamento aprobó también otros artículos del proyecto; según Radio Farda, el artículo 20 prevé de más de cinco a diez años de cárcel por facilitar información oficial no publicada a lo que denomina «extranjeros». Los detalles de los demás artículos del proyecto figuran en el informe anterior de DIAR sobre el proyecto de lucha contra la infiltración. Según Radio Farda, el gobierno de Masud Pezeshkian se ha opuesto al proyecto, y sus críticos lo consideran una herramienta para restringir a los ciudadanos.
Esta ley se aprueba mientras la República Islámica, tras el levantamiento de enero, ha aumentado la presión sobre las familias de los caídos (javidnaman), los presos políticos y los ciudadanos que hacen llegar el relato de la represión a los medios en persa fuera del país; medios que en los últimos meses han sido una de las vías más importantes para que la voz de los manifestantes y de las familias de las víctimas llegue al mundo.
A partir de ahora, hablar con un medio al que el Ministerio de Inteligencia ponga la etiqueta de «hostil» se castiga con hasta dos años de cárcel y 74 latigazos.
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