La Asamblea Consultiva Islámica aprobó el martes 6 de octubre de 2026, en una sesión virtual, los artículos 20 y 21 del proyecto de ley para contrarrestar la infiltración de servicios de inteligencia e instituciones extranjeros. Según estos dos artículos, quien entregue sin autorización estadísticas e información oficiales no publicadas a un «agente extranjero» será encarcelado, y las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y agrupaciones que incumplan los deberes establecidos en esta ley serán disueltas.
Según la agencia Mizan, vinculada al poder judicial, en virtud del artículo 20 quien tenga acceso a informes, datos y estadísticas oficiales no publicados por su trabajo, cargo o misión legal y los ponga a disposición de un agente extranjero sin permiso previo será condenado a una pena de prisión de cuarto grado y a la inhabilitación permanente para ese puesto. Una nota del artículo establece que, si se divulga información clasificada y ello daña la seguridad o los intereses nacionales, la pena será de prisión acompañada de multa. Según Tabnak, el artículo se aprobó con una enmienda propuesta por Hosein Ali Deligani, diputado por Shahinshahr y Meymeh.
Disolución de ONG y asociaciones
Según Mizan, el artículo 21 se aprobó con 206 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones de los 254 diputados presentes. Según este artículo, si las organizaciones no gubernamentales, asociaciones y agrupaciones incumplen los deberes establecidos en esta ley, además de las penas individuales, su personalidad jurídica será disuelta conforme al artículo 22 del Código Penal Islámico. Con 183 votos a favor, los diputados aprobaron una enmienda que exime de esta pena de disolución a los partidos políticos, los gremios y los sindicatos, y remite sus infracciones a las leyes que los regulan.
Antecedentes del proyecto contra la infiltración
Las líneas generales del proyecto fueron aprobadas por el Parlamento en agosto. Según Al Jazeera, la versión de 33 artículos obliga a los ciudadanos a registrar en un portal gubernamental sus actividades relacionadas con el extranjero, desde publicaciones, investigación y becas hasta el trabajo en medios, y a pedir permiso para contactar con medios extranjeros considerados «hostiles». Prevé penas de seis meses a varios años de prisión por el contacto no autorizado con medios y de hasta 30 años por difundir información falsa por orden extranjera.
Según Al Jazeera, el vicepresidente de asuntos jurídicos de la Presidencia anunció entonces la oposición explícita del Gobierno al proyecto y advirtió de que perjudicaría la cooperación académica y la imagen internacional del país y aceleraría la fuga de cerebros. Los críticos lo han llamado «ley contra la comunicación». Tras su aprobación definitiva en el Parlamento, el proyecto debe ser ratificado por el Consejo de Guardianes.
Los artículos se aprobaron en un momento en que los organismos de seguridad de la República Islámica han llevado a cabo en los últimos meses detenciones masivas por supuestos vínculos con países extranjeros; entre ellas, el Ministerio de Inteligencia afirmó recientemente haber detenido a 31 personas en Sirjan acusadas de vínculos con Estados Unidos e Israel.
Con el proyecto contra la infiltración, dar estadísticas no publicadas a extranjeros lleva a la cárcel y la actividad civil infractora, a la disolución.
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