Hadi Abbasian, vecino de Shirván, en la provincia de Jorasán del Norte, de 38 años, ha sido condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario de Bojnurd. Según Iran International, la sentencia de muerte de este manifestante del levantamiento de Dey le fue notificada en la prisión de Shirván el 5 de octubre de 2026.
Según la información recibida por Iran International, Abbasian fue detenido el 13 de mayo de 2026 en la zona de Farhangshahr de Shirván. Su causa se abrió en la segunda sala de instrucción de la Fiscalía Revolucionaria de Shirván y después pasó al Tribunal Revolucionario de Bojnurd para dictar sentencia. Los cargos que llevaron a la condena a muerte y las pruebas del tribunal aún no se han hecho públicos.
Tortura y privación de abogado
Según la fuente de Iran International, fue torturado el primer día de su detención y, debido al empeoramiento de su estado físico, fue trasladado a un hospital y después a la prisión de Shirván. Su familia no ha podido visitarlo desde su detención, y los organismos de seguridad le han impedido contratar a un abogado de su elección para que lo defienda.
Según este medio, durante el levantamiento de Dey Abbasian había publicado vídeos en los que pedía a la gente que se sumara a las protestas. El poder judicial de la República Islámica no se ha pronunciado hasta ahora sobre la sentencia.
Tras casi cinco meses de detención, sin acceso a un abogado de su elección ni visitas de su familia, Hadi Abbasian ha sido condenado a muerte.
Una ola de condenas a muerte contra manifestantes del levantamiento de Dey
La condena se conoce un día después de que la República Islámica ejecutara al amanecer del lunes 5 de octubre a Alireza Sepahi y Alireza Raeisi, dos manifestantes del caso de la «plaza Alikhani» de Isfahán. Según Iran Human Rights, el número de ejecuciones registradas en los nueve primeros meses de 2026 ha llegado al menos a 604, 33 de ellas de manifestantes.
El Tribunal Revolucionario de Bojnurd ya había dictado duras condenas contra detenidos del levantamiento de Dey en Jorasán del Norte, entre ellos Mani Partani, condenado a ocho años de prisión. Las organizaciones de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones de que las condenas a muerte contra manifestantes se dictan en tribunales revolucionarios sin las garantías mínimas de un juicio justo y sobre la base de confesiones forzadas.
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