Mohammad Naderi, preso político de 45 años detenido durante la guerra y condenado a muerte por «espionaje», fue trasladado de forma repentina el lunes 5 de octubre de 2026 de la prisión del Gran Teherán a la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj. La organización de derechos humanos Hengaw informó de la noticia, que fue reproducida por Iran International.
Según Hengaw, el traslado se produjo sin previo aviso. En los últimos años, Ghezel Hesar ha sido uno de los principales lugares de ejecución de penas de muerte en Irán, y las organizaciones de derechos humanos han informado en repetidas ocasiones del traslado de presos condenados a muerte a esta cárcel antes de su ejecución. Por ello ha aumentado la preocupación por la ejecución inminente de la condena del señor Naderi.
El caso de Mohammad Naderi y la pena de muerte
Según la agencia de noticias HRANA y la Sociedad de Derechos Humanos de Irán, la Sala 23 del Tribunal Revolucionario de Teherán, presidida por el juez Taghizadeh, condenó a muerte a Mohammad Naderi por «espionaje». La noticia de la sentencia se publicó a principios de octubre. Según estas organizaciones, fue detenido en el contexto de los acontecimientos de seguridad relacionados con la guerra, pero no se han dado a conocer la fecha exacta de su detención ni el organismo que lo detuvo.
La Sociedad de Derechos Humanos de Irán ha subrayado que siguen sin aclararse los detalles de la acusación, las pruebas presentadas ante el tribunal y si el señor Naderi tuvo acceso a un abogado de su elección. Tampoco se sabe si la sentencia es firme o si aún se encuentra en fase de apelación.
El traslado repentino de Mohammad Naderi a Ghezel Hesar ha aumentado el temor a que su condena a muerte se ejecute de forma inminente.
Una ola de ejecuciones en la República Islámica
El traslado del señor Naderi se produce en un momento en que el ritmo de las ejecuciones en Irán se ha acelerado. Iran Human Rights ha registrado al menos 604 ejecuciones en los nueve primeros meses de 2026. Al amanecer de ese mismo lunes, Alireza Sepahi y Alireza Raisi, dos manifestantes del caso de la «plaza Alikhani» de Isfahán, fueron ejecutados.
Las organizaciones de derechos humanos afirman que, desde la guerra, la República Islámica ha condenado a muerte a varios detenidos por cargos como espionaje y colaboración con Israel, en juicios apresurados y sin libre acceso a un abogado.
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