En una parte de su informe exhaustivo sobre la represión del levantamiento «Mujer, Vida, Libertad», Amnistía Internacional ha demostrado que la República Islámica ha institucionalizado en sus leyes y en su estructura judicial la impunidad de los agentes que mataron a manifestantes. Según la organización, la negación oficial, la ley sobre el uso de armas, los juicios en tribunales militares dependientes de las fuerzas armadas y los comités de investigación del Estado son los cuatro pilares de esa impunidad.
Estas conclusiones forman parte del informe «Arquitectos del crimen», que Amnistía Internacional publicó entre agosto y septiembre de 2026. El informe, de más de mil páginas, califica la represión del levantamiento de 2022 de crimen de lesa humanidad, documenta la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, entre ellos 56 niños, entre septiembre y diciembre de 2022, y nombra a 87 responsables de la República Islámica para que sean investigados judicialmente.
Ley sobre armas y tribunales militares: los agentes se juzgan a sí mismos
Según Amnistía Internacional, la ley sobre el uso de armas permite a los agentes disparar contra una concentración declarada «ilegal» tras una advertencia y una vez fracasados otros métodos; un criterio muy alejado de las normas internacionales, que solo permiten disparar ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves. El agente cuyo disparo se considere «legal» queda exento de responsabilidad penal y civil, e incluso el precio de sangre (diya) de las víctimas lo paga el organismo de seguridad, no él. Esa misma ley castiga al agente que se niegue a disparar.
Los casos de manifestantes muertos por disparos de agentes pasan a la Organización Judicial de las Fuerzas Armadas, donde, por orden del líder de la República Islámica, al menos la mitad de los jueces, fiscales y empleados deben proceder de las fuerzas armadas, incluidos la Guardia Revolucionaria (IRGC) y la policía (FARAJA). Primero, un comité dentro de la propia fuerza examina si el disparo se hizo «conforme a la ley», y la fiscalía y el tribunal militar se apoyan en ese mismo dictamen.
Diez casos en ocho provincias: de una condena de talión a 10 meses de cárcel
Amnistía Internacional ha examinado diez casos de muerte de manifestantes en ocho provincias. Cuatro casos se archivaron con el argumento de «pruebas insuficientes». En dos casos, las autoridades admitieron que el disparo mortal procedía de los agentes, pero detuvieron la investigación penal. En los demás casos, las sentencias dictadas fueron anuladas, reducidas o convertidas en el pago de un precio de sangre.
En el caso de Mohammad Jamebozorg, que en septiembre de 2022 recibió un disparo a corta distancia en Malard, un miembro del Basij fue condenado primero a talión (qisas); pero tras la petición de Hossein Salami, entonces comandante de la Guardia Revolucionaria, Gholamhossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial, no consideró el homicidio intencionado, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y el autor del disparo fue condenado a tres años de cárcel. El precio de sangre lo pagó la Guardia Revolucionaria.
En el caso de Sepehr Beyranvand en Jorramabad, el Tribunal Supremo anuló dos veces la condena a muerte de un agente de policía, que finalmente fue absuelto del cargo de homicidio y condenado a 10 meses de cárcel por «disparo no autorizado»; y ello a pesar de que el tribunal anterior se había basado en imágenes de cámaras de circuito cerrado que mostraban que apuntó deliberadamente a Sepehr mientras huía.
Comités «de investigación» a medida frente a la ONU
Según Amnistía Internacional, Ahmad Vahidi, entonces ministro del Interior, anunció en noviembre de 2022 la creación de un comité interno, dos días antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votara la creación de una misión de investigación independiente, y Ebrahim Raisi creó en mayo-junio de 2023 otro comité especial cuyo mandato prorrogó Masoud Pezeshkian. La República Islámica se ha apoyado repetidamente en esos comités para negarse a cooperar con la ONU.
Amnistía Internacional calificó a estos comités de carentes de independencia e imparcialidad. De su informe principal de 110 páginas, más de dos tercios se dedican a atacar a gobiernos extranjeros, medios de comunicación y plataformas, solo 15 páginas tratan las violaciones de derechos humanos y alrededor de media página la muerte de manifestantes, y algunas partes están copiadas palabra por palabra del comunicado conjunto del Ministerio de Inteligencia y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
Amnistía Internacional ya había dicho que esa misma impunidad allanó el camino a la matanza, mucho más sangrienta, del levantamiento de diciembre de 2025-enero de 2026, y esta semana calificó la ejecución de cinco manifestantes de ese levantamiento de herramienta de intimidación; un patrón que también se observa en casos como la muerte de Ahmadreza y Amirhossein Feyzi en Fardis, Karaj. La organización ha pedido que el Consejo de Seguridad remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional y que se cree un mecanismo internacional para juzgar a los responsables.
Según Amnistía Internacional, en Irán el agente que mata a un manifestante es juzgado en un tribunal donde la mitad de los jueces son sus propios compañeros.
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