Caso de la plaza Alikhani de Isfahán: nueve ejecuciones sin juicio transparente ni pruebas fiables

La ejecución de Amirhossein Maleki y Amirhossein Ebrahimi, dos jóvenes de 20 años detenidos durante el levantamiento de Dey de enero de 2026, en la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026 en Isfahán, elevó a nueve el número de ejecutados en el caso de la plaza Alikhani. Un caso que empezó con unas 60 detenciones y desembocó en 12 condenas a muerte es hoy el ejemplo más claro de cómo trata el aparato judicial de la República Islámica a los manifestantes de Dey: sentencias conocidas antes del juicio y un juicio celebrado solo para firmarlas.

La versión del poder judicial y lo que falta en ella

La agencia Mizan, órgano del poder judicial, acusó a los dos jóvenes de participar en la muerte de cuatro agentes de policía durante las protestas del 8 de enero en Isfahán y afirmó que portaban armas blancas y participaron en la destrucción de bienes y en ataques contra agentes. Para sostenerlo, Mizan citó «declaraciones de los acusados y de otros detenidos», imágenes de cámaras y testimonios.

Pero ninguna de esas pruebas se hizo pública. Ni la transcripción de la vista, ni imágenes que muestren el papel individual de cada acusado, ni explicación alguna sobre las condiciones en que se obtuvieron las confesiones. En un caso en el que doce personas fueron condenadas a muerte por un mismo hecho, la pregunta central es qué hizo cada una; y esa es exactamente la pregunta que el poder judicial no ha respondido.

El juicio de los expertos de la ONU y de Amnistía Internacional

Los expertos en derechos humanos de la ONU ya habían pedido que se detuvieran estas ejecuciones. Según ellos, los doce acusados fueron condenados en una sesión a puerta cerrada, no se estableció la responsabilidad individual de ninguno y el proceso fue opaco e injusto. También expresaron su preocupación por las denuncias de confesiones forzadas y por la privación del derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional también advirtió sobre acusaciones vagas y confesiones forzadas, y afirmó que algunos de los condenados eran menores de 18 años en el momento de los hechos que se les imputan. Antes de la ejecución, la oficina del príncipe Reza Pahlavi había alertado del riesgo inminente de ejecución de estos dos jóvenes y calificó el proceso de «teatral».

En la valoración de los analistas de DIAR, una sentencia dictada a partir de confesiones obtenidas bajo custodia, en una vista a puerta cerrada y sin mostrar pruebas, es una sentencia dictada de antemano: decidida antes del juicio, al que el tribunal solo da apariencia legal.

Nueve ejecuciones en cuatro meses

El orden de las ejecuciones en este caso también sigue un patrón claro. Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi fueron ejecutados el 19 de julio. Abolfazl Sepahi y Amirhossein Safari fueron ahorcados en público, en la propia plaza Alikhani, el 28 de julio, una ejecución que provocó protestas. Ghaem Hosseini, ciudadano afgano y primo de Mohammadi, fue ejecutado el 20 de agosto. Alireza Sepahi y Alireza Raeisi fueron ejecutados el 5 de octubre; antes de un intento anterior de ejecución, Sepahi había sufrido un infarto y fue trasladado al hospital Alzahra de Isfahán. Las autoridades ni siquiera permitieron que Sepahi y Raeisi fueran enterrados en sus localidades natales. Y ahora, Maleki y Ebrahimi.

Las ejecuciones se llevan a cabo de una o dos en una, con semanas de intervalo. Es el mismo método que el príncipe Reza Pahlavi describió ese mismo martes en una tribuna dirigida a Europa: ejecuciones silenciosas de presos, uno o dos cada vez. Este método mantiene bajo el coste político de cada ejecución y, a la vez, mantiene vivo el miedo en la sociedad. Otros tres acusados del caso condenados a muerte siguen en peligro.

Lo que significan estas ejecuciones para la revolución nacional

El caso de la plaza Alikhani no es el único. Desde enero han sido ejecutados más de 70 presos políticos y cientos más se enfrentan a la ejecución. Esta misma semana el Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte de Arman Marefati solo ocho días después de la sentencia de primera instancia, y tres manifestantes de Mashhad también fueron condenados a muerte. La rapidez de las confirmaciones y la falta de transparencia son las mismas en todos estos casos.

En el caso de la plaza Alikhani, doce personas fueron condenadas a muerte por un mismo hecho, pero el poder judicial nunca mostró qué hizo cada una.

Con estas ejecuciones, la República Islámica intenta atemorizar a la generación joven que salió a la calle en enero. Pero igual que la ejecución pública en la plaza Alikhani trajo protestas en lugar de silencio, cada nuevo nombre de esta lista se convierte en otro documento de un caso que algún día se verá en un tribunal de verdad, con pruebas públicas y derecho a la defensa; esta vez contra quienes ordenaron y ejecutaron estas sentencias.