Mai Sato, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, afirmó en su nuevo informe ante la Asamblea General de la ONU que la República Islámica ha ejecutado al menos a 34 personas en relación con las protestas de Dey y Bahman de 1404 (diciembre de 2025 a febrero de 2026). Según ella, la guerra dio a los funcionarios de la República Islámica una cobertura para intensificar la represión.
El informe abarca el periodo de finales de enero a agosto de 2026. Sato afirma que las detenciones, los juicios y las ejecuciones de manifestantes del levantamiento de enero continúan, y que las familias de los manifestantes también están bajo presión.
Juicios de minutos y confesiones forzadas
Según el informe, el derecho a un juicio justo en Irán se ha debilitado gravemente. Algunas audiencias se celebran por vía telemática y duran pocos minutos. Las confesiones forzadas se emiten en los medios estatales poco después de la detención, y decenas de acusados en causas que conllevan la pena de muerte son juzgados a la vez.
Sato afirma que la República Islámica llama a los manifestantes «agentes de Estados agresores» y trata la expresión pacífica como una amenaza a la seguridad nacional, una acusación que en algunos casos ha terminado en ejecución. El caso de Alireza Raeisi, el manifestante ejecutado en Isfahán, en el que los cuchillos de su lugar de trabajo se convirtieron en la prueba de su «moharebeh» («guerra contra Dios»), es un ejemplo de estos tribunales.
Cortes de internet y pobreza antes de la guerra
La relatora especial calificó también los cortes de internet ordenados por las autoridades como una violación de los derechos de los ciudadanos: la gente se quedó sin noticias de los ataques y del destino de sus seres queridos, y el sustento de muchos, en especial de las mujeres que trabajan en la economía informal, se vio dañado. Según ella, años de mala gestión económica y medioambiental habían dejado vulnerables a las familias iraníes ya antes de la guerra.
Sato pidió también que se investiguen las víctimas civiles de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel, incluido el ataque contra una escuela primaria en Minab.
Las demandas de la relatora especial
Sato pidió a la República Islámica que detenga las ejecuciones, libere a quienes están detenidos por ejercer sus derechos fundamentales, garantice el derecho a un juicio justo e investigue todas las muertes causadas por las fuerzas del Estado. Señaló la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos como el elemento común de los tres informes recientes de la ONU sobre Irán. La República Islámica no había reaccionado al informe en el momento de la publicación.
Según la relatora especial de la ONU, al menos 34 manifestantes del levantamiento de diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026 han sido ejecutados.
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